En México no existe actualmente un instrumento legal que obligue a las autoridades a mantener vigilancia especial sobre las 10 personas señaladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado. Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que las acusaciones y órdenes emitidas por el gobierno estadounidense no implican automáticamente acciones judiciales en territorio mexicano.
Durante la conferencia matutina de este 21 de mayo, Sheinbaum señaló que las órdenes de captura emitidas en Estados Unidos pueden derivar en fichas rojas de la Interpol, lo que permitiría la detención de los implicados si abandonan México y son localizados en otro país.
“La alerta roja la emite el Gobierno de Estados Unidos; si ellos llegaran a salir de México, otros países podrían detenerlos”, afirmó la mandataria.
La lista de señalados incluye a Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza, Enrique Díaz, Dámaso Castro, Marco Antonio Almanza, Alberto Jorge Contreras, Gerardo Mérida, José Antonio Dionisio, Juan de Dios Gámez y Juan Valenzuela. No obstante, dos de los acusados —Gerardo Mérida y Enrique Díaz— ya se entregaron ante las autoridades.
